El Catatumbo, la amenaza del olvido

por Manuel Andrés Lázaro Quintero*

El olvido
El olvido no es victoria
sobre el mal ni sobre nada
y si es la forma velada
de burlarse de la historia
para eso está la memoria
que se abre de par en par
en busca de algún lugar
que devuelva lo perdido
no olvida el que finge olvido
sino el que puede olvidar

Mario Benedetti

La palabra Catatumbo en lengua Barí significa “Casa del Trueno” y se refiere a la región fronteriza con Venezuela en el Norte de Santander conformada por los municipios de Ocaña, Convención, El Carmen, Teorama, San Calixto, Hacarí, La Playa de Belén, El Tarra, Tibú y Sardinata; también la conforman los resguardos Motilón-Barí y Catalaura, donde habita el Pueblo Barí. Para llegar al Catatumbo se puede acceder por los municipios de Tibú y Ocaña. Durante mucho tiempo esta región ha estado al margen de la vida nacional. Hasta hace solo unos pocos años ha comenzado a sonar en los medios debido a la incursión paramilitar del bloque Catatumbo entre los años 1999-2004 que trajo consigo un tsunami de masacres, torturas, desapariciones, violencia y abuso sexual en la región, sobre todo en La Gabarra, Tibú y la región que se conoce como el Catatumbo Bajo. En el año 2019 volvió a estar en la mira nacional debido al asesinato del excombatiente de las FARC-EP, Dimar Torres, perpetrado por la fuerza pública el 22 de abril y denunciado en redes sociales por la comunidad de Campo Alegre en el municipio de Convención, Alto Catatumbo.

El 8 de agosto de 2019, la organización de derechos humanos no gubernamental y sin fines de lucro, Human Rights Watch presentó un revelador y escandaloso informe sobre los abusos de grupos armados contra civiles colombianos y venezolanos en el noreste de Colombia que deja en evidencia la complicada situación social y de derechos humanos en que se encuentra la región.

En los dos últimos años las comunidades catatumberas padecen momentos de tensa calma y combates entre las guerrillas del EPL conocidos comúnmente como los Pelusos y la guerrilla del ELN por la disputa del territorio en el bajo Catatumbo. Luego de la firma del acuerdo de paz entre el gobierno y la guerrilla de las FARC-EP, el vacío de poder que deja en el territorio la guerrilla desmovilizada es disputado ahora en una enardecida guerra por el control y dominio de la zona.

Durante los primeros días de febrero de 2020 se dio en el territorio el “paro armado” del ELN saboteado unos días antes por los Pelusos dejando a la población civil paralizada y desabastecida en medio del conflicto. Sin embargo, a pesar de la militarización del Catatumbo la sociedad civil se siente abandonada del Estado y con un sentimiento de reserva hacia la fuerza pública, mucho más cuando el gobierno pareciera negar la existencia de un agudo conflicto en la región.

En el momento actual se puede identificar una fuerte actividad de movilización campesina cuya gran aparición en la vida nacional del siglo XXI se dio en el paro agrario del 2013. Los hechos de violencia parcialmente conocidos por los medios, el fenómeno de los cultivos de coca, la agreste geografía del Catatumbo, le han hecho ganar la estigmatización nacional de “zona roja”. El desconocimiento de la realidad compleja, la incipiente presencia diferencial del Estado y el desentendimiento de sus resistencias y luchas reivindicatorias amenazan al Catatumbo con el olvido.

Breve Contexto Histórico del Conflicto en el Catatumbo.
Un primer rastreo de la violencia en el Catatumbo tiene que ver con la colonización petrolera de comienzos del siglo XX, sin embargo, es probable que los hitos de la violencia hundan sus raíces en tiempos muchos más antiguos que se remontan a la colonización española, pasando por la violencia bipartidista de mediados del siglo XX hasta la incursión de las guerrillas y grupos paramilitares. Esta última ha sido la de mayor sevicia e impacto en la zona.

Para los Barí la violencia en el Catatumbo precede a la colonización española, “como primera referencia de violencia en contra de su pueblo, para ese momento, única población habitante de ese territorio” (CNMH, 2018, p.42). Desde finales del siglo XIX y principalmente en el siglo XX la violencia ha venido en aumento para el pueblo Barí debido a los procesos de colonización del territorio, sin embargo, fue la explotación petrolera el hecho que ocasionó “en el Pueblo Barí un arrinconamiento espacial, la pérdida de gran parte de su territorio ancestral y una disminución significativa de su población, debido al grado de violencia de la que fueron objeto en el marco de la política extractivista” (CNMH, 2018, p.42).

Con la exploración y explotación petrolera el territorio comenzó a recibir ríos de colonos llegados desde diversas partes del país para establecer las infraestructuras petrolíferas; municipios como el Tarra y Tibú surgieron primero como asentamientos donde se estableció la primera mano de obra vinculada a las empresas del petróleo. En estas estructuras sociales recién instaladas en la región aparece la figura del sindicato para la protección de los derechos de los trabajadores y la búsqueda de mejores condiciones de vida. Paralelamente también aparecerán las diversas formas de violencia y estigma social que caerán sobre quienes, desde mediados del siglo XX defienden los derechos de los trabajadores en la región.

Desde los inicios de la concesión Barco las políticas dejaron abierta la posibilidad del exterminio Barí, realmente la ley 80 de 1931 “por la cual se aprueba un contrato sobre explotación de petróleo nacional de yacimientos de Norte de Santander” a las compañías estadounidenses, señalaba que:

El Gobierno les prestará a las Compañías contratantes la protección debida para prevenir o repeler la hostilidad o los ataques de las tribus de motilones o salvajes que moran en las regiones de que hacen parte los terrenos materia de este contrato, lo que hará por medio de cuerpos de Policía armada o de la fuerza pública en cuanto sea necesario (Ley 80 de 1931, citado en CNMH 2018, p.70).

Para los Barí la llegada de la explotación petrolera no solo significó la muerte de miles de miembros de su pueblo; a esta violencia se añade que el Estado no ha tutelado su territorio ni permitido un desarrollo político autónomo del mismo y sus tradiciones ancestrales, por el contrario, el estado colombiano ha favorecido la industria extranjera cuyos proyectos económicos atropellan los interés de los Barí.

La violencia bipartidista de mediados del siglo XX tuvo diversas consecuencias en la región. La llegada de colonos huyendo de diversas partes del país y estableciéndose en territorios habitados por los Barís, produciendo la sedentarización de un pueblo en su naturaleza nómada. Oleadas de violencia y saqueo; un caso excepcional sucedió en noviembre de 1949 en el municipio de El Carmen Norte de Santander, conocido por ser el baluarte del liberalismo en una región eminentemente conservadora. Se recuerda que “la policía chulavita” masacró alrededor de 46 personas, propiciando el desplazamiento forzado de centenares de personas2. El conflicto armado en la región del Catatumbo tiene en el colectivo de sus gentes dos momentos particulares:

la presencia y accionar guerrillero (desde los ochenta hasta 1999) y el del dominio paramilitar, que se inaugura con la entrada del Bloque Catatumbo de las AUC a Tibú en 1999. Por ello, agrupan de manera general al ELN, EPL y a las FARC en un mismo conjunto: “las guerrillas”, muchas veces en contraste con “los paramilitares (CMMH, 2018, p.198).

En la mayoría de los casos, los pobladores del Catatumbo no saben distinguir entre guerrillas, para ellos es lo mismo los pelusos (referidos al EPL) los elenos (ELN) o los farianos (FARC). Las versiones en relación a la presencia de las guerrillas en la región varían; por ejemplo para los pobladores de Teorama y San Calixto la primer guerrilla fue el EPL cuya primera incursión fue en el año de 1985, sin embargo, para los habitantes de Convención la llegada de la guerrilla evoca aquel 31 de enero de 1979 con el saqueo de la Caja Agraria y el Banco Cafetero por parte del ELN. La consolidación de las FARC en el territorio se remonta a la colonización del Catatumbo bajo en la zona de la Gabarra hacia la década de los 90’s.

La comunidad catatumbera presenta tres momentos en la percepción de las guerrillas. En un primer momento hubo un nivel de empatía que les revistió de cierta legitimidad debido al trabajo comunitario y político que realizaron. Establecieron el orden y cierta disciplina en las comunidades. Las guerrillas llenaron el vacío de poder del Estado, promovieron la unidad de las comunidades y estimularon ciertas luchas reivindicativas relacionadas con el orden y el bienestar social compartiendo la cotidianidad en la vida rural del Catatumbo. Un segundo momento estuvo marcado por cierta sospecha y temor debido a las diversas formas de control social que ejercieron, “las limpiezas sociales”, algunos impuestos de guerra, el amedrentamiento provocado por la presencia y el uso de las armas, y la obligatoriedad de acudir a reuniones o usar bajo coerción ciertos espacios como las escuelas. Finalmente, y no de manera generalizada pero que produjo cierto rechazo a algunos sectores de la guerrilla, fue “la percepción de los habitantes sobre lo inapropiado de la imposición de castigos “sin investigación”, o de las “muertes injustas” (CNMH, 2018, p.236). Las tomas guerrilleras de los municipios y destrucción de infraestructuras, el fortalecimiento económico de las guerrillas y las disputas militares por el “control” de ciertos territorios son las razones que ha menguado la percepción favorable de la insurgencia.

El último hito de la violencia en el Catatumbo y tal vez el más nefasto en el ánimo colectivo de los pueblos, fue la incursión paramilitar de 1999-2002. Sin embargo, esta no ha sido la única de esta naturaleza. Luego del paro Nororiental de 1988 la aparición de grupos organizados de derechas buscó callar a los líderes sociales y perseguir incluso a miembros de las JAC.

Fueron años de arremetida silenciosa, acciones de castigo con carácter selectivo en las que se ejecutaron asesinatos, desapariciones forzadas, torturas, desplazamientos forzados y detenciones contra líderes sociales y sectores políticos de oposición, personas que participaron de acciones de reclamación social o de escenarios de participación y apertura democrática (CNMH, 2018, p.38).

Desconfianza en la institucionalidad del Estado
Las relaciones entre la población civil y el Estado en el Catatumbo han estado marcadas históricamente por tensiones y rupturas. Afirmar que el estado colombiano es un ausente en la región es una imprecisión que requiere matices para entender la manera en que este “matrimonio” ha funcionado disfuncionalmente, creando una atmósfera de sospecha y desconfianza.

Para los catatumberos la presencia de la fuerza pública en el territorio representa en muchas ocasiones más una amenaza que un alivio. Esta desconfianza en la institucionalidad del estado no es nada nuevo en el Catatumbo, de hecho, en la memoria Barí se conserva intacto el recuerdo de cómo a partir de la conformación de las grandes haciendas cacaoteras del siglo XVII “se adelantaron campañas militares de “pacificación” y campañas misionales para dominar al pueblo Barí” (CNMH 2015, p. 33). Pacificación que se traduce en expropiación, destierro y muerte. Pero esta no será la única vez que la institución sirve al interés particular. Luego de la concesión Barco y la consecuente explotación petrolera de la Colombian Petroleum Company (Colpet), a través del contrato Chaux-Folsom, el estado colombiano asumió el compromiso “legal” de proteger a las empresas foráneas del “arco y la flecha” indígena. Sobre los bohíos Buiyocbakaira y Carincakayra de la comunidad Barí Ombirronkayra se instaló el primer batallón del Ejército en el Catatumbo para brindar protección a las operaciones de las empresas petroleras. Dicha ley, que fue interpretada por algunos sectores como la “licencia para el exterminio físico” del pueblo Barí, fue entendida por los indígenas como “una declaración de guerra” (Roldán, 1995, p. 270, citado en Asocbarí, s.f., CNMH, 2015, p. 33).

En la actualidad el panorama de confianza entre los pueblos del Catatumbo y el Estado como institución no es diferente. De acuerdo con José Manuel Alba "La política del Estado en Catatumbo se ha caracterizado por una fuerte presencia militar y policial, pero un histórico abandono del Estado de Bienestar: vías sin pavimentar, falta de instituciones educativas, escasa asistencia técnica, carencia de servicios de salud, entre muchos otros flagelos" (Maldonado, 2018).

En la reciente entrevista realizada a líderes sociales del bajo Catatumbo por el equipo de Semana Poder, queda al descubierto la sospecha y temor que la institucionalidad produce a las comunidades. Así lo indicó Pablo Téllez en el programa titulado La guerra eterna del Catatumbo al referirse a la nueva forma de presencialidad del Estado mediante la intervención del PDET que vincula a las fuerzas militares.

La cuestión de la implementación del PDET (Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial) le dieron un poco de vuelta a eso. Porque ahora entonces ya el gobierno nacional está hablando de paz con legalidad que lo están encajonando de lo que se llama Catatumbo sostenible, donde involucraron a actores que incluso la gente no les tiene confianza: el ejército y la policía. La gente le tiene un pánico a eso. Si se va hacer una escuela la tienen que hacer los militares, si se va a hacer un puente lo tienen que hacer los militares, si se va a construir una carretera la tienen que hacer los militares. Lo que se está apuntando es además a la guerra en la región del Catatumbo porque ahí está quedando la comunidad confinada en ese medio (El Poder, 2020, Min 10:26).

Esta desconfianza se acentúa mucho más con las nuevas investigaciones que se adelantan en la JEP donde “unos 158 casos de ejecuciones extrajudiciales, tristemente conocidos como “falsos positivos” de la Fuerza Pública, fueron documentados en el informe que organizaciones del Catatumbo, región de Norte de Santander, presentaron a la Jurisdicción Especial para la Paz” (El Tiempo, 2018).

Por otro lado las declaraciones erráticas de algunos miembros del ejército como fue el caso del General Villegas han causado polémica y diferentes cuestionamientos por parte de líderes y defensores de derechos en la región, cuando afirmó que "El Ejército de hablar inglés, de los protocolos, de los derechos humanos se acabó. Acá lo que toca es dar bajas. Y si nos toca aliarnos con los Pelusos nos vamos a aliar, ya hablamos con ellos, para darle al ELN. Si toca sicariar, sicariamos, y si el problema es de plata, pues plata hay para eso" (Semana, 2019).

Estas gravísimas declaraciones acrecientan la desconfianza en la institucionalidad del Estado y encienden las alarmas de grupos y colectivos defensores de derechos humanos acrecentando la tensión y sospecha entre la población civil y el cuerpo militar.

La Amenaza del Olvido

La amenaza que se cierne sobre el Catatumbo es el olvido como cese de un recuerdo o en este caso de los hechos que han sucedido en la región y que podrían no estar en la memoria. Las tesis o tópicos que se convierten en materia de estudio de esta amenaza se han estructurado de la siguiente manera: El negacionismo que como elección evasiva de verdades incómodas por parte tanto del Estado, como de los mismos pobladores amenaza con borrar las luchas reivindicatorias de las comunidades que conforman la vasta región del Catatumbo.

Negacionismo del conflicto.
La principal amenaza del olvido en el Catatumbo es el negacionismo. Esta postura ideológica parece corresponder a todo un programa sistemático tanto a nivel estructural, es decir, desde el gobierno y ha calado con tanta profundidad que ha pasado a un plano colectivo, siendo este último, el más inquietante. Para el expresidente Juan Manuel Santos Calderón, la negación del conflicto interno como programa estructural en Colombia fue “ideada por José Obdulio Gaviria y puesta en práctica por Uribe” (Santos, 2018, p.269) en el marco internacional de la lucha internacional contra el terrorismo luego del 11 de septiembre de 2001.

El negacionismo que se va a desarrollar ideológicamente en el contexto de finales de la segunda guerra mundial frente a la cuestión judía, tiene raíces más hondas, pues aparece cuando se da primacía a una cultura, o raza por encima de otra. El negacionismo coincide, antes bien, con aquellas doctrinas radicales según las cuales el genocidio llevado a cabo en la Alemania nazi en perjuicio de los judíos, los gitanos y las otras categorías «subhumanas» no existió, sino que representa un mito, una mentira, un fraude (Fronza, 2011, p.106).

En el caso del Catatumbo la cuestión parece estar larvada. Probablemente las tendencias negacionistas en la región de la ya desaparecida provincia de Ocaña tienen raíces tan profundas que evocan el pensamiento de uno de sus hijos más ilustres: Miguel Antonio Caro, quien fue un férreo defensor del hispanismo, reconociendo en la herencia española la única forma de civilización en estas tierras y negando cualquier otra forma de cultura o identidad anterior a la Conquista.

El año de 1810 no establece una línea divisoria entre nuestros abuelos y nosotros; porque la emancipación política no supone que se improvisase una nueva civilización; las civilizaciones no se improvisan. Religión, lengua, costumbres y tradiciones: nada de esto lo hemos creado; todo lo hemos recibido habiéndonos venido de generación en generación, y de mano en mano, por decirlo así, desde la época de la Conquista y del propio modo pasará a nuestros hijos y nietos como precioso depósito y rico patrimonio de razas civilizadas (Miguel Antonio Caro, citado en Jaramillo Uribe, J. 1996, p.113).

La región del Catatumbo ha sido de tradición política conservadora, lo que le hace proclive a la defensa de los valores e ideologías propias de las derechas. Pese a la presencia de GAI (grupos armados ilegales) desde finales de los 70’s y comienzo de los 80’s la región posee una tendencia cercana a las posturas conservadoras lo que le empuja fácilmente a los brazos del negacionismo.

El negacionismo se define como “un método de disimulación o distorsión de la información frecuentemente empleado bajo el disfraz de la legitimidad académica, y diseñado para extender una ideología negacionista basada en la propaganda antisemita, racista o de odio” (Garivian, 2008, citado en Belategi, 2019, p.48).

Estos elementos son fácilmente identificables en diversos momentos de la vida política nacional en los que el Catatumbo ha tenido protagonismo. Cómo método de disimulación o incluso minimización se pueden rastrear posturas oficiales claras referidas al conflicto que se han naturalizado a tal punto que incluso la misma población tanto local como nacional llega a avalar. Cuando el paro campesino del 2013 el presidente Juan Manuel Santos llegó a decir que “El tal paro nacional agrario no existe” (Semana, 2013). Otro caso más reciente fueron las declaraciones del BG. Marcos Evangelista, Comandante de la II división del ejército, el 12 de febrero del 2020 ante los medios regionales y nacionales refiriéndose al paro armado del ELN en Catatumbo: "No hay paro armando. Es un constreñimiento que tienen estos bandidos amedrantando a la comunidad. Nosotros como institución, como fuerza pública estamos haciendo presencia en todos los cascos urbanos de Norte de Santander y en especial del Catatumbo y tenemos un dispositivo a lo largo de las vías principales que nos permiten movilidad hacia la costa o hacia Bucaramanga" (Tu Kanal TV, 2020).

Dicho “constreñimiento” dejó desabastecido varios municipios, entre los que se encontraron los municipios de Hacarí, Convención, Teorama y San Calixto, así como varios vehículos incinerados en las vías intermunicipales. El diario El Espectador señaló que “en el Catatumbo, un taxi con 20 kilos de explosivos y avisos alusivos al ELN fue atravesado en el puente La Ondina, vía que conduce de Ocaña a Convención” (El Espectador , 2020). También fue lamentable la muerte del suboficial del Ejército Norbey Felipe Palacios, asesinado por un francotirador del ELN en el municipio de Convención N d S (El Tiempo, 2020).

El negacionismo trae consigo una nueva retórica de guerra, una especie de inversión semántica “denominaciones como guerrilleros o subversivos, que podía dar cuenta del origen político de su lucha, y se cambiaron por otras más a tono con los tiempos, como terroristas, narcoterroristas o simplemente bandidos” (Santos, 2018, p.270). Esta peligrosa cosmética retórica lleva a desacreditar y borrar cualquier lucha reivindicatoria o política de las guerrillas e incluso de cualquier colectivo se les reduce a la condición de terroristas frente a los cuales la única salida es el combate por parte de la legitimidad del Estado.

A ello se le añade que esta descalificación semántica no solo se aplica a las guerrillas sino incluso a la población que sufre el conflicto al afirmar por ejemplo que en el país “no tenemos desplazados, tenemos migración en buena parte por el paramilitarismo y la guerrilla (...) esa gente se fue para ciudades y allá están como migrantes” (El Tiempo, 2008) El giro semántico de desplazado a migrante destruye la naturaleza de la acción originaria por la que se desplazó, es decir, neutraliza el carácter histórico de la acción de migrar que en este caso es debido a la violencia y no es voluntaria sino por supervivencia.

Sin embargo, el actuar del gobierno no es nada alentador, la actitud política o ideológica del mismo no parece ceder y establecer un diálogo entre las posturas rígidas negacionistas y el reconocimiento del conflicto como una verdad incómoda que se debe asumir en aras de superar la difícil situación en la que a manera de encrucijada se encuentra la sociedad Colombiana. Pareciera ser que luego de la firma de los acuerdos de paz y de haber avanzado en esa prioritaria agenda el gobierno sostiene posturas que parecieran responder a las políticas de guerras anteriores a la firma del acuerdo. “El uribismo ha regresado al poder y está en una gran cruzada para negar de nuevo la existencia del conflicto armado” (Ávila, 2019, p.16).

Esta discusión sobre la existencia o no del conflicto armado en Colombia parecía superada con la aprobación de la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras el 10 de junio de 2011 bajo la dirección del gobierno Santos. 

Si hemos tenido víctimas, si aún siguen produciéndose víctimas, vamos a ubicarnos y a pararnos en la orilla que nos corresponde: ¡al lado de ellas, de su parte, abrazando y comprendiendo su sufrimiento! Entendámoslo de una vez –y ojalá lo entiendan esos pocos que insisten en el lenguaje de las armas y el terror–: Nuestro país no está condenado –no estamos condenados– a cien años de soledad ni a cien años de violencia. […] Hoy es un día de esperanza nacional en el que no sólo los colombianos sino el mundo entero son testigos del propósito de un Estado que –en nombre de la sociedad– está dispuesto a pagar una deuda moral, una deuda largamente aplazada, con las víctimas de una violencia que tiene que terminar, ¡que vamos a terminar! (Santos, 2019, p.277).

Paradójicamente y como si en un acto de viaje al pasado se tratara, el nuevo gobierno "en la más extraña de las controversias intelectuales – ha vuelto a cuestionar esta premisa analítica y esta tarea de borrar de las instituciones y de la vida nacional el concepto y las implicaciones que tiene en la construcción de la verdad y la memoria, en las decisiones judiciales y en la comprensión de la historia" (Ávila, 2019, p.16)

Conclusiones
No todo es oscuridad en el Catatumbo, La diócesis de Tibú y Ocaña han hecho valiosos esfuerzos junto con la Comisión Nacional de Memoria Histórica (CNMH) y diversas organizaciones internacionales por rescatar los relatos y memorias del conflicto, sin embargo no son suficientes, se necesitan más acciones sociales que acompañen a las comunidades hacia la consecución de nuevos relatos, nuevos escenarios de reivindicación de las resistencias y luchas sociales, estas conclusiones que son apenas unas pautas generales apuntan a tres escenarios: El gobierno institucional, bajo las recomendaciones que ya se han realizado por diversas organizaciones; las comunidades presentes en los diversos municipios que conforman el Catatumbo y la herencia de las comunidades ancestrales Barí, quienes tienen una vigencia y riqueza actual necesaria en la consolidación del Catatumbo.

Existen claras coincidencias en las recomendaciones tanto del informe de Human Rigth Whatch 2019, como del ACNUDH 2020 que tienen un incalculable valor el cual, el gobierno nacional debería tener en cuenta para aplicar en la región del Catatumbo a fin de afrontar la difícil situación de crisis humanitaria en la que se encuentra a la fecha. Estas recomendaciones tienen que ver con asumir por parte del Estado de una manera efectiva, social y no solamente militar, su intervención en el cuidado de líderes y lideresas sociales, promotores de derechos humanos y miembros de las Juntas de Acción Comunal “especialmente en zonas rurales, (donde) las JAC son la principal base de participación política y de promoción del desarrollo y de los derechos humanos” (ACNUDH, 2020, p.6). De igual manera es responsabilidad del estado colombiano “asegurar que la fuerza pública diseñe e implemente una estrategia eficaz en el Catatumbo para proteger a los residentes frente a los grupos armados, que respete el derecho internacional humanitario y de los derechos humanos” (HRW, 2019, p.7). Esto podría contribuir a recuperar la confianza en la institucionalidad estatal dado que podría cambiar la visión de sospecha y desconfianza que tienen las comunidades frente a la forma predominante de presencia estatal que es la intervención militar.

Otro aspecto relevante tiene que ver con la implementación en el Catatumbo de la Reforma Rural Integral contemplada en los acuerdos de paz cuyos objetivos contribuirán a “erradicar la extrema pobreza, reducir la brecha entre las zonas rurales y urbanas, promover la igualdad mediante el fortalecimiento de la economía rural y mejorar el acceso a la tierra para familias y comunidades campesinas” (ACNUDH, 2020 p.16). La ejecución de estos objetivos ayudará a suprimir la situación de abandono de la región y erradicar la violencia estructural que subyace en la pobreza y la desigualdad social de la región.

En filosofía es frecuente el uso del concepto de “La Negación de la Negación” muy propio de la dialéctica hegeliana en cuyo caso “la tesis es negada por la antítesis, la cual a su vez, es negada por la síntesis (negación de la negación)” (Rosental M. & Iudin P, 1959, págs. 376-377). Este instrumento lógico y dialéctico se puede aplicar por parte de las comunidades del Catatumbo en lo referente a la relación con un estado negacionista.

Frente a la postura claramente negacionista del estado colombiano bajo el gobierno Duque, la comunidad del Catatumbo puede utilizar la triada de Hegel como una respuesta dialéctica, en este caso, negando el negacionismo, es decir la negación de la negación del estado colombiano. Para tal caso, es necesario la afirmación clara y determinante por parte de las comunidades, primero ante ellas mismas y segundo ante la opinión nacional e internacional de la realidad que viven no solo del conflicto y los hechos que deben ser recordados, sino también de sus luchas reivindicatorias de sus formas de participación ciudadana, apropiación del territorio, y de los elementos simbólicos y colectivos que la conforman.

Ante este reto de negar el negacionismo las comunidades que conforman la gran familia catatumbera deberán estar alertas pues como advirtió Francisco de Roux, es probable que en ese camino hacia la paz y la consolidación del territorio aparezcan ajenas y variadas narrativas ideológicas y simbólicas controladas por grupos con intereses económicos y políticos, y estas visiones se enfrentan en el espacio público de una manera excluyente y llena de pasión por el dolor y el sufrimiento que cargan a la espalda. Y el resultado es que la sociedad, desde las vísceras culturales y simbólicas, queda atrapada en rivalidades durísimas, que actúan en contra de la posibilidad de la unión constructiva, desde las diferencias enriquecedoras, de un nosotros incluyente (2018, p.24).

Por ello se hace urgente en las comunidades los trabajos de inversión de bienes inmateriales acompañados de lugares comunes, casas de la memoria, monumentos, y apuestas estéticas que manifiesten y afirmen a las comunidades. Las juntas de acción comunal que son las principales unidades de participación ciudadana y promotoras de dignidad y derechos humanos, han realizado acciones de reivindicación tanto de la memoria como de la exigencia de sus derechos. Ellas quienes han padecido en todo tiempo las persecuciones por parte de los agentes del conflicto, siguen siendo los núcleos desde los cuales se deben acompañar y dirigir acciones de construcción social incluyente.

Los Barí mantienen viva la memoria colectiva de sus relatos debido al ejercicio de la tradición oral enriquecida por la constante tradición de transmitirla de generación a generación. El ejercicio de narrar y evocar aquellos momentos de su historia o de sus ancestros, reverenciados en el pasado como algo sagrado les han permitido conservar en la memoria de su pueblo al mantener “una fuerte vinculación con la memoria de sus ancestros que siguen vivos en sus relatos que transmiten a través de la oralidad a los Barí más jóvenes” (CNMH, 2018, p. 50). En la tradición Barí está la clave para un ejercicio de la memoria colectiva. Es necesario por tanto tener un acercamiento no solo intelectual y cultural, también de reproducción del modelo de transmisión oral donde se evoquen los hechos del pasado, no solo los actos y momentos crueles de la guerra sino aquellas luchas de reivindicación de las comunidades catatumberas que en la mayoría de los casos han sido extraordinarias a la hora de defender sus derechos, denunciar y confrontar la indiferencia del Estado. A lo largo y ancho de la geografía del Catatumbo se cuentan innumerables actos de valor humano, que son necesarios conocer y poner en el corazón de las comunidades como relatos de cohesión social.

Nota
1. Este artículo de reflexión fue el resultado de una investigación bibliográfica para la conferencia titulada: “El Catatumbo la amenaza del Olvido” en el municipio del Carmen de Viboral Antioquia, en septiembre de 2019.
2. Al respecto puede consultarse el documental de la Universidad Francisco de Paula Santander En lo Profundo del Alma Espantan. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=x-hfpL4twCc&t=12s.

Referencias
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*Manuel Andrés Lázaro Quintero es Magíster en Humanidades, Universidad Católica de Oriente, Rionegro, Colombia. Profesor en la Universidad Santo Tomás, CAU Ocaña, Colombia. Coreo electrónico: Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla..

Las opiniones expresadas en esta sección son de exclusiva responsabilidad del autor y no reflejan, necesariamente, los puntos de vista de la Universidad Santo Tomás.
Revista Sol de Aquino. ISSN 2744-8487 (En línea) Número 19 (enero-junio de 2021)

 

 

 

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Sol de Aquino

Es una publicación interdisciplinar de carácter divulgativo, que nace en el año 2003 y tiene como propósito visibilizar ante la comunidad tomasina y la población en general, las experiencias derivadas de las actividades universitarias de la USTA y ligadas a las reflexiones sobre Sociedad y Ambiente.

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