por Eduardo Alberto Gómez Bello*

Por varias épocas ha atravesado la USTA, unas de crisis y otras de esplendor, pero tal vez la más importante de estas, en el siglo xix, fue la comprendida entre 1855 a 1861. Una época de esplendor que fue posible porque la antecedió una de crisis. Reseñemos brevemente esta última para centrarnos en la primera, antes de la última y fatal crisis de 1861.

Crisis

Con la reforma educativa de Francisco de Paula Santander, vicepresidente y encargado de la presidencia de la Gran Colombia, plasmada en la “Ley sobre organización y arreglo de la instrucción pública” el 18 de marzo de 1826, fueron creadas las universidades públicas de Quito, Bogotá y Caracas, y con Decreto de ese mismo año, fue reglamentado su funcionamiento. La universidad estaría compuesta por cinco facultades: Idiomas, Teología, Jurisprudencia, Ciencias Naturales y Medicina. El mismo decreto estipulaba lo relativo a los edificios, los requisitos de ingreso, los deberes de los profesores y estudiantes, la lista de las materias, sus textos, los exámenes, los títulos, etc.

La ley resume el esfuerzo del Gobierno por establecer instituciones educativas a lo largo y ancho del territorio; establecía que “En toda Colombia debe darse una instrucción y enseñanza pública proporcionada a la necesidad que tienen los diferentes ciudadanos de adquirir mayores o menores conocimientos útiles conforme a su talento, inclinación y destino”, así como que “la enseñanza pública será gratuita, común y uniforme en toda Colombia”. Creaba la Universidad Central en Bogotá (25 de diciembre de 1826), la de la del Cauca (1827), la de Tunja (1828), Cartagena (1828) y Magdalena y la Central en Caracas (1828), las cuales podían expedir los títulos de Jurisprudencia, Medicina y Teología.

La ley ponía fin al sistema educativo rígido y centralista característico de la época colonial. Un estudiante que residía, por ejemplo, en Popayán y quería aspirar a tener un grado universitario debía viajar hasta Santa Fe. Allí podía asistir al Real Claustro y a la Universidad de Santa Fe, que poseía “el derecho exclusivo de conferir grados y aun el de regir los estudios (Vergara y Vergara, 1974, p. 202). Los colegios Real Mayor de San Bartolomé y el de Nuestra Señora del Rosario eran muy solicitados. En los demás colegios de Santa Fe también podían establecer sus estudios, como el de Santo Tomás, incluido su Real Claustro, el de San Buenaventura, el de San Agustín o el de la Recoleta de La Candelaria. En todos los colegios se impartían las clases de las facultades universitarias pero estaban impedidos para otorgar los grados. Esta potestad era un privilegio del Real Claustro de Santo Tomás o Tomística, regentado por los dominicos.

En 1826 se creaba la Dirección General de Educación con el propósito de vigilar, dirigir y controlar todos los establecimientos de enseñanza pública, aunque su carácter fue más administrativo que académico. Tal vez por este carácter las universidades públicas que nacieron con la ley se caracterizaron por la poca rigurosidad académica y la escasez de recursos económicos para su desarrollo y consolidación.

Para el caso del Real Claustro de la Universidad Tomística, la ley le suprimía su condición de centro de educación superior, así como el derecho que tenía para otorgar los títulos académicos. Podía continuar sus labores como colegio de primera letras y con lo que hoy conocemos como secundaria, junto con unas pocas cátedras universitarias. Los títulos y los planes de estudios ahora eran expedidos por el Gobierno a través de la Universidad Central de Bogotá, encargada de la vigilancia e inspección, mientras los edificios y libros de la Tomística pasaban a manos de la Central.

Con el nacimiento de la Universidad Central —en las instalaciones del Colegio San Bartolomé, regentado por los dominicos desde la expulsión de los jesuitas— comienza un nuevo pleito de los dominicos para conservar sus centros educativos. Sin embargo, y lamentablemente, la respuesta de la Orden fue débil por fracturas ideológicas internas: una facción era favorable a abandonar los planes de estudios coloniales y responder a las exigencias del plan educativo de Santander mientras la otra se aferraba a la conservación de la tradición.

Más tarde, durante el Gobierno de Pedro Alcántara Herrán (1841-1845), se produjo una nueva reforma al sistema educativo estableciendo la enseñanza de las ciencias útiles en los colegios, según las circunstancias de cada provincia; el nuevo plan de estudios abogó por los métodos lancasteriano, individual y simultáneo, según las condiciones reales, así como contemplaba premios y castigos de acuerdo con el comportamiento de los estudiantes. Con una educación más práctica que teórica, el presidente invitó a los jesuitas a retomar sus instituciones educativas, pero la creciente y firme oposición que recibió Alcántara por el regreso de los jesuitas culminó con la nueva expulsión de la Compañía en 1850.

Para la mitad del siglo XIX, la crisis de la educación superior pública era generalizada, la falta de recursos económicos, de maestros idóneos y textos fueron sus principales causas. En cuanto a la educación pública de primeras letras, la situación fue levemente diferente. Se avanzó en el establecimiento de muchas escuelas en el país, pero su funcionamiento dependió de las cuotas de los padres de familia, lo que tampoco fue la solución. En cambio, el éxito de la mayoría de estas escuelas, académica y económicamente, lo era porque seguían siendo atendidas por la Iglesia tanto secular como regular.

Se podría concluir, en esta etapa, que el fracaso de la educación pública universitaria de la Central no radicó en los hombres que la impulsaron y en el mismo proyecto modernizador, sino en el carácter organizativo, en la incapacidad para ejercer el control, en la ausencia de hombres comprometidos con el plan para hacerlo marchar con eficiencia. Con respecto a la educación primaria, sí se puede afirmar su auge y éxito en la formación de los jóvenes neogranadinos por su carácter privado en cabeza, principalmente, de los dominicos.

Esplendor

En medio de este momento crítico, los frailes vivieron una breve calma de 1855 a 1861, cuando el nuevo presidente, José Hilario López (1849-1853), establece la libertad de enseñanza. Gracias a esta, los dominicos recuperaron ante la ley su universidad y en muy poco tiempo retomaron el liderazgo en la capital; tanto así que muchos docentes de la Central, que no habían recibido el impulso económico necesario ni los salarios respectivos, contrataron con la Tomística, aunque para ello debían hacer una donación económica voluntaria a la Provincia de San Antonino para acceder al cargo de docente.

La legislación cambia radicalmente con la Ley del 2 de mayo de 1850, impulsada por López. En materia de títulos, por ejemplo, suprimió los de bachiller y licenciado en los colegios existentes, que constituían los dos primeros niveles de la educación: el de bachiller, que se concretaba con dos años de dedicación escolar y el de licenciado, que se conquistaba con cuatro años de estudio; el único grado que se conservó fue el de doctor en las carreras de Derecho, Medicina y Teología.

Con fray Benedicto Bonilla Bautista, O. P., tanto restaurador de la Pontificia Universidad como su primer rector, recuperó su esplendor académico en la sociedad bogotana. El 24 de octubre de 1855 se reabrió la Tomística, “se recuperaron las antiguas costumbres y los ritos académicos, con desarrollo curricular en las facultades tradicionales. Los bogotanos, tras los obligatorios certámenes anuales, volvieron a vivir las ceremonias de graduación públicas, con las consabidas solemnidades y discursos” (Cárdenas Patiño, 2009, p. 103).

Los rectores fray Tomás Gómez, O. P. y fray Buenaventura García Saavedra, O. P., antes que ocurriera el cierre definitivo de la Tomística en 1861, desarrollaron seis tareas que contribuyeron a posicionar académicamente a la Pontificia Universidad en la sociedad bogotana, así como impulsar la educación laica. Esas tareas fueron:

Recuperar los amplios poderes otorgados por la bula fundacional “Romanus Pontifex”; aumentar la población estudiantil laica; asegurar que la mayor parte de las cátedras fueran responsabilidad de los religiosos; propiciar la concurrencia de los religiosos a las cátedras como estudiantes, así estuviesen ordenados o graduados; dejar las cátedras de medicina y ciencias políticas a competentes catedráticos externos; garantizar el cumplimiento de los horarios y el desarrollo de las cátedras, mediante seguimiento cotidiano; elevar la exigencia en la preparación de certámenes públicos y dar publicidad a las distintas actividades universitarias: conmemoraciones o celebraciones, oposiciones, certámenes, exámenes, grados. (Cárdenas Patiño, 2009, p. 104)

Con estas medidas, la Pontificia Universidad se convirtió en la mejor universidad de Bogotá y, tanto estudiantes como catedráticos venidos de la sede Central, encontraron una institución que los acogió y les ofreció los recursos necesarios para su crecimiento académico. La sociedad bogotana volvió a presenciar los debates, exámenes, grados y demás certámenes académicos con todo el rigor y esplendor que demandaban.

Crisis

Todo para la Pontificia iba muy bien hasta cuando la guerra civil (1860-1862) que enfrentó al Gobierno de Mariano Ospina Rodríguez contra el opositor Tomás Cipriano de Mosquera llegaba a su final con el triunfo de este último. Ya en el poder procedió a decretar la tuición de cultos y la desamortización de los bienes de manos muertas, que ponían punto final no solamente a la Iglesia Católica sino a todas las obras del clero regular. En noviembre de 1861, el arzobispo de Bogotá, don Antonio Herrán y Zaldúa, salía preso para Cartagena y los bienes de la Pontificia Universidad pasaban a manos del Estado. Nuevamente cerrados el Convento y la Universidad, y dispersados los frailes dominicos, se tendrá que esperar hasta 1965 para la nueva reapertura de la USTA.

Referencias
Cárdenas Patiño, A. (2009). La Universidad Santo Tomás de Colombia ante su historia. Siglos XIX y XX. Ediciones USTA.
Vergara y Vergara, J. M. (2002). Historia de la literatura en Nueva Granada. Banco Popular.

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* Eduardo Alberto Gómez Bello es docente del Departamento de Humanidades y Formación Integral. Correo electrónico: Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla.; orcid: https://orcid.org/0000-0001-7297-6836

Las opiniones expresadas en esta sección son de exclusiva responsabilidad del autor y no reflejan, necesariamente, los puntos de vista de la Universidad Santo Tomás.
Revista Sol de Aquino. ISSN 2744-8487 (En línea) Número 20 (julio-diciembre de 2021)